Milicias populares, el brazo armado del chavismo

La barriada popular del 23 de Enero fue concebida hace más de cinco décadas pensando en una ciudad moderna, resultado de una minuciosa planeación. Pero hoy exhibe una de las caras más violentas de la capital, donde grupos armados pro oficialistas detentan el control territorial y mantienen sometidos y aterrorizados a sus habitantes.

Con el apoyo de cámaras de circuito cerrado instaladas en lo alto de los postes de luz, estas milicias populares vigilan a todo el que entra y sale en las aproximadamente diez cuadras que controlan.

En las noches, hombres armados y encapuchados montan retenes en los que, a punta de pistola, obligan a los habitantes a identificarse e impiden el paso de personas que no viven en la comunidad.

En el barrio ellos son la ley. La policía no se aventura a entrar a la zona y cuando deciden hacerlo deben notificar a este poder armado de facto.

En pancartas y murales se leen frases como "por la defensa de la revolución vota por Chávez. La Piedrita (uno de los grupos armados)". Uno de los murales más emblemáticos de ese grupo lo constituye una Virgen que lleva cargado a un niño Jesús que porta un fusil, y que está junto a un Jesucristo también armado.

A un lado de una empinada y estrecha calle, casi diagonal a un centro de meteorología de la Armada venezolana, se levanta una inmensa reja pintada de rojo y blanco que marca la entrada a la edificación llamada "Bloque Siete", donde se concentran los miembros de "La Piedrita".

Detrás de la reja puede observarse a un grupo de delgados jóvenes, vestidos con franelas azules y gorras verde oliva, quienes, como disciplinados vigilantes, resguardan la entrada y limitan el acceso de cualquier visitante.

"Le agradecemos que se retiren pacíficamente", dijo uno de los jóvenes del grupo, que no quiso dar su nombre, y que salió frente a la reja para impedir el paso del equipo periodístico de The Associated Press que visitó el lugar. "Desde los mandos altos hasta los bajos nadie va a dar declaraciones porque van a tergiversar la información".

Mientras uno de los miembros del grupo conversaba con la reportera, otro apuntó con una pistola 9 milímetros al fotógrafo y al conductor que lo transportaba. El hombre armado los obligó a bajarse de la motocicleta y posteriormente exigió al equipo periodístico abandonar el lugar.

"Después de las 10, 11 de la noche uno no puede estar por la zona del 23 de Enero porque hay momentos en los se montan alcabalas (puntos de control), y paran los vehículos", dijo el dirigente vecinal Manuel Mir, quien ha vivido durante 52 años en el populoso barrio. "El que no es de la zona lo bajan. Son encapuchados y gentes armadas. Yo no puedo concebir que a nosotros como comunidad nos garantice la seguridad grupos de esta naturaleza donde inclusive en algunos casos... son elementos que también cometen actos delictivos como tal".

Algunos de los opositores de Chávez dicen que esos grupos armados son una amenaza tolerada por el gobierno por razones políticas, y que es difícil predecir cuál sería su reacción si el candidato presidencial opositor, Henrique Capriles, derrota a Chávez en las elecciones de octubre o en caso de que suceda un vacío de poder si el mandatario sucumbe al cáncer que lo aqueja.

"Estos grupos armados de forma ilegal pudieran en algún momento dado utilizar esas armas para cometer delitos o para desestabilizar cualquier gobierno", dijo Luis Izquiel, quien dirige un comité de seguridad para la oposición. Dijo que si Chávez es derrotado y un nuevo gobierno asume el control, "las autoridades tendrían que ir a buscar esas armas ilegales".

Pero el ex director de la policía judicial, Miguel Dao, descartó que estas milicias puedan representar un riesgo. Pero dice que la policía ya no puede contener sus acciones. "Hoy por hoy yo pienso que estos grupos irregulares están mejor armados que las policías", dijo.

Chávez, que está luchando por su vida combatiendo un cáncer, es el actual líder en las encuestas. Se ha comprometido a ganar las próximas elecciones y ha advertido a sus adversarios de abstenerse de incitar a la violencia. Durante los más de 13 años que ha estado en el poder ha dicho que movimiento y revolución socialista es "pacífica pero armada".

"Nuestra revolución es pacífica, pero también es armada y si la burguesía arremetiera de nuevo con las armas, nosotros sacaríamos también nuestras armas, que no lo olviden", dijo el mandatario en un discurso que ofreció en agosto de 2010 durante una visita al 23 de Enero.

Chávez también creó una milicia bolivariana que la integran decenas de miles de voluntarios que participan en campamentos de formación militar dirigidos por oficiales del Ejército.

Pero las milicias populares del 23 de Enero, sin embargo, tienen vínculos más flexibles y difusos con el gobierno, y no hay pruebas de que hayan recibido armas o entrenamiento por parte del gobierno, como opositores de Chávez sospechan.

Milicias como los "Tupamaros" y "La Piedrita" han existido por años al oeste de Caracas, aún antes de que Chávez asumiera el poder en 1999. Pero desde entonces se han expandido y han surgido nuevos grupos.

Los barrios que las albergan se encuentran a menos de kilómetro y medio del palacio presidencial, y son controlados por más de una docena de estas milicias que se autodenominan como "colectivos" y llevan nombres como "Alexis Vive" y "Carapaica".

En el 23 de Enero operan más de una decena de milicias que se reparten el control de la barriada por áreas y edificios. Políticos opositores estiman que se trata de unas 300 personas, en su mayoría jóvenes oriundos del lugar.

Se declaran abiertas defensoras del proyecto político de Chávez y realizan actividades de servicio comunitario como pintar edificaciones, reparar ascensores y hacer labores de limpieza en sus áreas de influencia.

Desde pistolas hasta armas largas han exhibido algunos de sus miembros en diversas apariciones públicas, vídeos y fotografías que se han difundido en internet.

El abogado criminalista Fermín Marmol García refiere un informe de Amnistía Internacional de 2010 que dice que "en Venezuela es fácil conseguir una arma de fuego y municiones", y agregó que el mismo estudio reconoce que el país superó la barrera de los "12 millones de armas de fuego ilegales".

"En Venezuela no hay un real control de las armas de fuego que pertenecen a nuestro parque público", dijo Marmol García. Dice que existe el riesgo de que militares o policías "de muy baja moral" hayan "distraído" armas del Estado hacia estos grupos. Agregó que las autoridades policiales manejan la hipótesis de que a través de los cargamentos de droga que pasan por Venezuela, que es considerada por la ONU como uno de los 20 países con mayor tránsito de estupefacientes, podrían estar ingresando armas ilegales que terminan en manos de delincuentes o de estos grupos.

Tampoco existe certeza acerca de la estructura de las milicias y si reciben algún tipo de entrenamiento para manipular armas.

El líder del grupo "La Piedrita", Valentín Santana, quien tiene órdenes de captura pendientes que datan de 2007, 2008 y 2009 por homicidio y lesiones personales, apareció a inicios de año en una transmisión de la estatal Venezolana de Televisión (VTV) desde la Iglesia San Pedro Claver de la barriada del 23 de Enero.

La difusión del discurso de Santana, quien aprovechó el acto para jurar "lealtad al compañero Chávez", desató las críticas de la oposición que acusa al gobierno de protegerlos y de darles financiamiento y armas.Las autoridades han rechazado los señalamientos.

La AP solicitó al ministerio de Relaciones Interiores, Tareck El Aissami, una declaración sobre el caso de Santana y sobre los presuntos vínculos con estas milicias, pero no ofreció comentarios.

Sus acciones no se limitan al perímetro del 23 de enero. En más de una ocasión han atacado con explosivos de bajo poder y bombas lacrimógenas, en nombre de la "revolución", a medios de comunicación críticos de Chávez, la Nunciatura Apostólica, la sede de la mayor organización empresarial del país, y han amenazado públicamente de muerte a algunos adversarios del gobierno.

Tras la muerte en marzo de 2011 de Lina Ron, quien era considerada su líder y principal vínculo con el oficialismo, estas milicias bajaron su perfil, pero en meses recientes "La Piedrita" resurgió de nuevo protagonizando violentos incidentes en un sector del 23 de Enero. También hicieron visitas amenazantes a medios de comunicación, lo que ha tensado el ambiente de cara a las elecciones presidenciales del octubre.

A inicios de 2012, la divulgación de unas fotografías en las que aparecían niños portando fusiles de asalto durante un acto organizado por "La Piedrita" en el barrio suscitó una fuerte polémica en el país, y una lluvia de críticas que llevaron a Chávez a desmarcarse públicamente de esa organización, y exigir acciones contra ellos.

La exhortación presidencial fue acatada de inmediato por la Fiscalía General y autoridades policiales que abrieron procesos judiciales a dos de sus integrantes por el incidente de los niños armados, y detuvieron a otros tres miembros del grupo señalados por el homicidio de un guardaespaldas oficial.

Pero el 4 de marzo, un tiroteo ocurrió durante un evento de la campaña opositora de Capriles en un barrio que tradicionalmente ha apoyado a Chávez, Cotiza. Ambos bandos políticos se acusaron por el acto violento, en el que resultó herido un seguidor de la campaña opositora. Al momento, no han ocurrido arrestos, y las autoridades no han vinculado a las milicias populares o chavistas por el incidente.

Aunque el sacerdote católico José Gregorio Carias, párroco de la Iglesia San Pedro Claver, admitió que algunos de estos milicias recurren a la "violencia", dijo que, por ejemplo, "La Piedrita" realiza un intenso trabajo social a favor de su comunidad y mantiene un comedor popular donde se da diariamente alimentos gratis a unas 40 personas pobres.

Esa dualidad que mantienen grupos como "La Piedrita" en su accionar es considerada por los analistas como un comportamiento típico de estas organizaciones que buscan ganar respaldo dentro del área que controlan y al mismo tiempo mantener sometidos a sus habitantes por la fuerza.

El analista colombiano de política y seguridad, Rafael Nieto, descartó que las milicias del 23 de Enero puedan considerarse como organizaciones paramilitares tal como las que surgieron en Colombia o Centroamérica, e indicó que por el propósito que persiguen son "colectivos que de manera paraestatal... cumplen funciones de represión".

"Tienen el propósito de asegurar un régimen político o reprimir a los contradictorios y a los disidentes o en este caso defender un propósito revolucionario", acotó.

Nieto dijo a la AP que considerando la suerte que han corrido organizaciones similares en la región no duda que estos "colectivos" terminen cometiendo "violaciones de derechos humanos" y "abusos de la fuerza en las comunidades en las cuales operan. El hecho de que sean parainstitucionales genera ausencia de control... mala formación, mal entrenamiento y ausencia de disciplina. Entonces terminan involucrados en actividades criminales".