¿Por qué renunciaron siete ministros de Rousseff?

Lucas González es doctor en Ciencia Política y profesor e investigador de las universidades argentinas UCA, UdeSa y UNSAM

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Siete ministros renunciaron en 11 meses desde la asunción de la presidente Dilma Rousseff: Antonio Palocci, Ministro de la Casa Civil (el equivalente a jefe de gabinete); Alfredo Nascimento, Ministro de Transportes; Nelson Jobim, Ministro de Defensa; Wagner Rossi, de Agricultura; Pedro Novais, de Turismo; Orlando Silva, de Deporte y el último Carlos Lupi, Ministro de Trabajo. Todos, salvo Jobim, renunciaron vinculados a distintos escándalos de corrupción.

¿Cuáles son las razones de tales renuncias? Se pueden resaltar cuatro causas de estos súbitos y profundos cambios en el gabinete de la presidente. Las dos primeras giran en torno a los problemas de corrupción en Brasil: una de ellas se vincula con la fuerte agenda programática de Dilma contra este problema y la segunda con las crecientes presiones de denuncias por corrupción de la prensa brasileña sobre el gobierno.

Pero no se trata solamente de eso. Las otras dos razones centrales para entender este proceso tienen que ver con tensiones en la coalición de gobierno: por un lado, se trata de la búsqueda de mayor apoyo popular y autonomía de Dilma en la formación del gabinete frente a la fuerte influencia del saliente presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Pero, por otro lado, se trata de una estrategia más profunda de negociación permanente con otros miembros de la coalición de gobierno por lograr apoyos parlamentarios estables. Estas tensiones no han generado una crisis de gobernabilidad, sino que han permitido a la presidente conformar un gabinete más cercano a sus preferencias.

Además de los objetivos programáticos del PT en relación a la mejora de la distribución del ingreso y de su agenda social para Brasil, la presidente Rousseff ha llevado a Brasilia intenciones muy claras de atacar a la corrupción. En esto se diferencia sustancialmente de su antecesor. No se trata necesariamente de que en Brasil haya más corrupción ahora que en presidencias pasadas (algo, por cierto, difícil de demostrar); lo fundamental es la decisión de la presidente de atacarla frontalmente.

Lula fue visto por muchos como un presidente más flexible y en cierto modo más tolerante con la corrupción en su gobierno. De hecho, Jobim, Lupi, Nascimento, Palocci, Rossi y Silva habían sido sus ministros. El ex-presidente tenía el capital político para sostener su tolerancia y flexibilidad y necesitaba de sus aliados en el Congreso (muchos de ellos envueltos en los escándalos del llamado "mensalão" denunciado por la revista Veja en 2005). Si bien es cierto que él se logró mantener al margen de muchos de los escándalos durante sus dos mandatos, también es innegable que no realizó nada parecido a las purgas que está llevando adelante Dilma.

La decisión de la actual mandataria goza de mucha popularidad en la opinión pública. Esto le significó un valioso recurso frente al hecho de que ella nunca gozó de los niveles de apoyo que tenía su antecesor. Quizás justamente por esto Lula podía darse el gusto de no tener la dureza que tiene Dilma frente a los escándalos. Dicho de otra manera, Lula tenía capital político propio frente a los escándalos de corrupción en su gobierno; Dilma está construyéndolo gracias a ella.

El segundo dato importante es que la presión de la prensa sobre el gobierno y el PT por los escándalos de corrupción ha aumentado. Los medios de comunicación han cumplido un importante rol en la denuncia de ilícitos desde la transición a la democracia en Brasil (cabe destacar que la renuncia de Fernando Collor dependió en gran parte de denuncias de los medios). Sin embargo, la presión ha escalado recientemente y se ha sostenido durante todo el mandato de Dilma (sobre todo por los medios más críticos del PT), cuando antes solía aumentar fundamentalmente en períodos cercanos a las elecciones. Si estamos dispuestos a conceder en el supuesto de que la corrupción en los distintos gabinetes de gobierno de Brasil ha sido sustantiva desde la pos-transición a la democracia (existieron denuncias durante la presidencia de Sarney, obviamente durante Collor y las denuncias no dejaron de existir durante el gobierno de FHC y de Lula), frente a los cambios inéditos en el gabinete, lo que debe haberse modificado es la presión de la prensa y la decisión de la presidente de no tolerarla.

Pero no se trata sólo de una lucha programática contra la corrupción o de la búsqueda de apoyo popular a través de ella. También hay, como suele haber en general, decisiones políticas de fondo. A través de las renuncias, Dilma ha logrado crear un gabinete más cercano a sus preferencias. Seguramente no es su equipo ideal, pero ciertamente se acerca más que aquel heredado en las negociaciones de la transición del gobierno de Lula al suyo.

Seis de los ministros renunciantes habían sido parte del gobierno de Lula y ninguno de ellos había sido designado por decisión directa de Dilma. Palocci, Jobim, Nascimento y Lupi fueron propuestos a Dilma por Lula. Los otros fueron producto de negociaciones de la presidente con miembros clave de la coalición de gobierno: Rossi fue "sugerido" por Michel Temer, actual vice-presidente de Brasil y presidente del poderoso PMDB; la selección de Novais resultó de la influencia de José Sarney, presidente del Senado y miembro clave del PMDB.

En Brasil, los ministros son instrumentos de negociación clave para asegurar alianzas de gobierno en la forma de mayorías parlamentarias. En otras palabras, la formación del gabinete presidencial es central para asegurar la gobernabilidad del país. Esto es lo que Amorim Neto llama "presidencialismo de coalición." Varios analistas y políticos sostienen que, al verse alterada la negociación inicial (aquella que heredó Dilma el 1 de enero de 2011), la gobernabilidad está en peligro. Algunos políticos del PT están enojados con las decisiones de Dilma y otros en los partidos de la coalición, fundamentalmente en el PMDB, han amenazado con paralizar la agenda de reformas en el Congreso. Sin embargo, esto no parece estar afectando la gobernabilidad de manera negativa, sino todo lo contrario. Dilma no alteró sustantivamente el status quo respecto de la distribución de ministerios entre partidos de su coalición (de una decena de partidos). Solamente realizó un cambio de un ministro de un partido de la coalición por uno del PT (el Ministro de Defensa, Nelson Jobim, del PMDB, fue reemplazado por Celso Amorim, del PT). Hasta ahora, los cambios en el gabinete frente a los escándalos han beneficiado a la presidente en términos de aumentos en su popularidad y la conformación de un gabinete más cercano a sus preferencias. Quizás sea una estrategia poco ortodoxa y que ha generado varios enojos en Brasilia; pero la ortodoxia no es siempre la mejor aliada de un presidente que quiere alterar el status quo.

¿Por qué no renunció ningún funcionario de gobierno en la Argentina de los Kirchner, aun cuando existieron escándalos de corrupción? Si analizamos el caso argentino a la luz del brasileño podemos ver algunas claras diferencias: la lucha contra la corrupción no es parte (al menos central) de la agenda programática del partido de gobierno; la presidente Kirchner (al igual que Lula) no necesita construir capital político a partir de este asunto; y fundamentalmente, no necesita de negociaciones con partidos aliados para definir su gabinete. Sólo la presión de la prensa es similar entre los dos casos. En Argentina, el presidente ganador en las elecciones generales se lleva todo y el equipo de gobierno es definido a partir de las más cercanas preferencias de la presidente. Aquí si la defensa del status quo es funcional al gobierno.

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