El presidente venezolano logró, en un raid parlamentario, que sus legisladores aprobaran dos polémicas leyes en la última semana. Luego de la Ley Habilitante, que le concede poderes especiales por 12 meses para que gobierne por decreto (ver nota relacionada), ahora logró la Reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la Ley de Reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte). Las limitaciones detalladas en el articulado de esta norma son vagas, por lo que la autoridad de aplicación -en este caso, el gobierno de Chávez- podrá interpretar a su gusto cada acción de los medios de comunicación e impartir sanciones.
La nueva norma explicita que los responsables de los medios electrónicos serán sancionados con multas de 50 a 200 Unidades Tributarias cuando violen cualquiera de las prohibiciones establecidas. En su artículo 28, establece las prohibiciones para la difusión de mensajes de radio, televisión y medios electrónicos. Según la norma, no está permitida la difusión de los mensajes que:
- Inciten o promuevan el odio y la intolerancia por razones religiosas, políticas, por diferencia de género, por racismo o xenofobia.
- Inciten o promuevan y/o hagan apología del delito.
- Constituyan propaganda de guerra.
- Fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público.
- Desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas.
- Induzcan al homicidio.
- Inciten o promuevan el incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.
La oposición, sin embargo, denunció "ambigüedad" en el texto, y adelantaron que será un instrumento para que el gobierno controle los medios. En el nuevo texto legal se prevé que las redes de radio y televisión y la producción nacional audiovisual serán declarados "servicio de interés público", y que requerirán de la habilitación de la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para operar.
El diputado opositor Ismael García opinó que con la reforma se busca acosar a Globovisión, ya que "estará afilada contra aquellos medios que no estén alineados con la política que el Estado y el gbierno diseñe".
La abogada de Globovisión, Ana Cristina Núñez, declaró esta semana que el canal enfrenta el riesgo de perder el permiso de transmisión debido a que uno de los artículos de la reforma exige la presencia del titular de la licencia para ratificar la concesión.
La cadena opositora no podrá cumplir con esa exigencia debido a que su presidente, Guillermo Zuloaga, se encuentra en los Estados Unidos tramitando un asilo luego de que le dictaran orden de captura en junio.
Organizaciones internacionales, grupos de periodistas, partidos opositores locales y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) han expresado su rechazo a los proyectos de reforma de la Ley de Telecomunicaciones y de la Ley los Servicios Radioeléctricos que está discutiendo la Asamblea Nacional.
También se aprobaron en primera discusión la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales.
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